Denunciamos que en España la pobreza energética ya afecta al 10% de las familias y que esta situación se va a agravar tras la reforma energética
Este
invierno una de cada diez familias no va a
poder
encender la calefacción al no poder pagarla
Con un 26% de la población activa en paro y la considerable reducción salarial que está sufriendo buena parte de la población (7% de media), las continuas subidas de las facturas de electricidad y gas están siendo dramáticas en millones de hogares españoles.
Esta
situación, sumada a los deficientes sistemas de calefacción y
aislamiento de numerosas viviendas, hace que ya sean más de dos
millones de familias las que se hallan en situación de pobreza
energética esto es, que no pueden costear los servicios necesarios
para cubrir sus necesidades domésticas de energía.
Asimismo,
las dificultades (o imposibilidad) de pagar la luz y el gas estarían
detrás, según la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), de más
muertes prematuras al año, principalmente de personas de edad
avanzada, que los accidentes de tráfico en carretera.Esta
situación,
de la que ya informaron Cruz Roja o Cáritas el pasado invierno, y de
la que alertó la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) a la
vista de los resultados del estudio ‘Pobreza Energética en
España’, previsiblemente
se verá agravada por las últimas subidas de la luz,
las cuales ya suponen en materia de electricidad que las familias
paguen un 80% más de lo que se pagaban hace 10 años por el mismo
consumo, mientras el nivel adquisitivo no deja de bajar, sin que
desde la administración se busquen soluciones para las familias con
menos ingresos.
La
Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, compuesta por más de 200
organizaciones, viene denunciando que la reforma energética del
gobierno va a agravar esta problemática, porque no atiende a los
intereses de la ciudadanía y hace caso omiso a los dos principales
problemas del modelo energético español: la
dependencia de la importación de combustibles fósiles y uranio
(cuyo precio no va a dejar de subir) y
la sumisión de la política energética nacional a los intereses de
un oligopolio empresarial
(Endesa,
Gas Natural-Fenosa, Iberdrola, EON, HC Energía, Repsol, BP y CEPSA),
cuyo único interés es lograr los máximos beneficios para sus
accionistas.
En
la reforma que se ha aprobado mediante procedimientos de urgencia, se
facilita a estas empresas que puedan cortar la luz, no sólo a los
particulares que no puedan afrontar sus facturas, sino también a un
colegio o a un hospital que proceda al impago. La
energía es un servicio básico,
que, como el acceso al agua, ha de superponerse a los intereses
empresariales de unos pocos y ser entendido como un derecho
inalienable.
Hoy
más que nunca, es imprescindible aprovechar las fuentes de energía
renovables que tenemos para paliar la dependencia exterior y
favorecer el acceso a la calefacción y agua caliente a bajo precio,
además de facilitar desde la administración la rehabilitación de
edificios para favorecer el ahorro y la eficiencia energética.
Agrupación Provincial
Málaga
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